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Consulta Comunitaria: ejercicio del derecho de libre determinación de los Pueblos Maya
25.04.2012

Por el Equipo de COPAE -

El contexto de la minería en Guatemala.  A partir de 1996, cuando se terminó la guerra civil, los financistas extranjeros empezaron a interesarse otra vez en el país de Guatemala y hubo un gran avance en la economía. Incentivado por los acuerdos de libre comercio con los EEUU y la Unión Europea, el gobierno abrió las puertas para empresas mineras, sobre todo transnacionales(1). Además de tener una legislación minera poca desarrollada, en 1997 el gobierno bajó la tasa de las regalías de 6% a 1% con la intención de atraer empresas extranjeras(2). Según el ministerio de Energía y Minas se han otorgado 356 concesiones para oro, plata, níquel y cobalto a partir de diciembre del 2006, y hay cientos más que están pendientes todavía(3).

La Ley de Minería permite a las empresas crear altas ganancias pero también les permite rechazar su responsabilidad hacia el medio ambiente y las comunidades viviendo alrededor de los proyectos mineros. A partir del 2005 Montana Exploradora, subsidiaria de la empresa Canadiense Goldcorp Inc, está explotando los recursos naturales, sobre todo el oro, en el altiplano de San Marcos. Ya son siete años que los pueblos de San Miguel Ixtahuacán y Sipacapa, dónde está ubicada la Mina Marlin, están sintiendo la influencia diaria del proyecto minero. Los que están en contra de esta presencia minera argumentan que la Mina Marlin no toma sus responsabilidades para minimizar los posibles daños en la Madre Tierra, la salud humana y la sociedad en general. Además, según el estudio de Zarsky y Stanley del Instituto de Desarrollo Global y Medio Ambiente, a largo plazo los riesgos ambientales superarán significativamente a los beneficios económicos de la Mina Marlin(4).

Las consultas comunitarias

Visto los posibles daños por la actividad minera, y la violación permanente del derecho de consulta previa, los habitantes de los municipios Mayas dónde existen licencias mineras empezaron a organizar consultas comunitarias para tomar decisiones sobre su tierra y territorio. Las consultas comunitarias como mecanismo ancestral de toma de decisión de los pueblos indígenas está reconocida en la Constitución Política de la República, Convenio 169 de la OIT y en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas.

La consulta comunitaria más famosa es la de Sipacapa del 18 de junio de 2005. Para muchos guatemaltecos, tan solo el nombre de este pueblo se ha convertido en un símbolo de resistencia indígena. La consulta fue organizada por el Consejo Municipal y las Autoridades Comunitarias de Sipacapa.

Muchos municipios más siguieron el ejemplo de Sipacapa y de Comitancillo, del 25 de marzo de 2005, dónde se organizó la primera consulta comunitaria. Ahora ya más de un millón de personas han estado defendiendo su territorio a través de 59 consultas. Siempre la decisión fue un rotundo ‘no’ a la minería(5).

El gobierno presenta iniciativa que pretende reglamentar la consulta regulada en el Convenio 169 de la OIT.

En 2009 la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT instó al Gobierno “que adoptara sin demora todas las medidas necesarias para entablar de buena fé un diálogo constructivo entre todas las partes interesadas (…) en un clima de mutua confianza y respeto, tomando en cuenta la obligación del Gobierno de garantizar la integridad social, cultural y económica de los Pueblos Indígenas de acuerdo con el espíritu del Convenio 169.(6)”

En el año 2010 el Presidente de la República conformó una Comisión para la elaboración de un proyecto de reglamento denominado “Reglamento para el Proceso de Consulta del Convenio 169 de la Organización del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países independientes(7)”.

El pasado 23 de febrero de 2011 el gobierno presenta públicamente. El reglamento denominado “Reglamento para el proceso de consulta del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígena y Tribales en países independientes”. En el reglamento se define la forma de cómo deben desarrollarse esos procedimientos consultivos, quién debe ser el órgano convocante y el que desarrolle la consulta, quiénes podrán participar, el momento en que debe realizarse y los efectos de los resultados obtenidos(8).

Udiel Miranda integrante de la comisión jurídica del Consejo de Pueblos de Occidente aclara: “la forma en que el gobierno pretende reglamentar el derecho de consulta previa representa la continuidad de una actitud de exclusión que ha mantenido el Estado hacía los pueblos indígenas de Guatemala. Es común en Guatemala que las políticas públicas y decisiones jurídicas se toman a espaldas de los pueblos indígenas. En este caso el gobierno pretendía establecer un procedimiento de consulta sin discusión con los pueblos indígenas para su elaboración(9).”

Para garantizar que el establecimiento del reglamento sea ‘participativo’ el gobierno reservó 30 días para acceder electrónicamente al proyecto del reglamento. Sin embargo, en reiteradas oportunidades los órganos de control de los tratados internacionales en derechos humanos, han planteado la consulta de la consulta. Es decir, el Estado debe consultar la forma en que debe consultar a los pueblos indígenas. Simplemente imponer 30 días para entregar comentarios no es una consulta de buena fe, sino es un mecanismo de participación pública virtual extremadamente limitado, cuando los miembros de los pueblos indígenas en Guatemala son aproximadamente seis millones, organizados a través de cientos de comunidades(10).

En el reglamento el gobierno también busca legitimar la propuesta nombrando a quienes consultaron para establecer la propuesta de reglamento como James Anaya, relator especial para los Pueblos Indígenas de la ONU, y un seminario con funcionarios y abogados del actual gobierno y de la OIT. Pero el gobierno no especifica ¿qué razones llevan al gobierno a embarcarse en esta delicada y peligrosa tarea(11) o cuales podrían ser los motivos que están detrás de la propuesta de reglamento? “el gobierno estableció el reglamento para poder contrarrestar o deslegitimar los procesos de consultas comunitarias y mostrar que el Estado supuestamente cumple con su obligación internacional de consulta previa.(12).”

El CPO interpone Amparo en contra del procedimiento iniciado por el gobierno

Como respuesta a la imposición del gobierno, el 23 de marzo de 2011 el CPO interpuso la Acción Constitucional de Amparo en contra del procedimiento iniciado por el entonces presidente Álvaro Colom. El 31 de mayo la Corte de Constitucionalidad otorga el Amparo Provisional a favor de los pueblos de Guatemala(13).

El proceso de amparo era basado en argumentos jurídicos y políticos. “El argumento político del CPO era que después de tantas imposiciones hacia los pueblos indígenas, era imposible aceptar una más. Era inaceptable para los pueblos que este procedimiento de consulta acorde a los intereses empresariales y no a los intereses de los pueblos indígenas y sus derechos colectivos(14).”

“El argumento jurídico del Amparo es que no se respetó la consulta durante la elaboración del reglamento. El gobierno se encerró en algún lugar con asesores pero sin representantes de los pueblos indígenas,(15)”.

Vista pública ante el Amparo

El 21 de julio de 2011 la Corte de Constitucionalidad convoca una vista oral y pública, dentro del proceso de Amparo en la sede de la Corte de Constitucionalidad en la capital. Tanto las comunidades, a través del CPO y su equipo de abogados, como el ministerio público debían dar sus alegatos sobre este tema(16).

Representantes de las Comisiones Permanentes de Resistencia de los municipios en donde se han realizado Consultas Comunitarias expresaron su voluntad de seguir defendiendo la decisión tomada por sus pueblos a favor de la vida, los bienes naturales y el territorio. Delegados del Consejo Nacional de Autoridades Ancestrales Mayas respaldaron el uso del derecho de consulta como mecanismo ancestral para la toma de decisiones, mismo que no debe ser reglamentado por ningún gobierno. Representantes de la junta directiva de alcaldes de los 48 cantones de Totonicapán respaldaron la lucha común de los pueblos por la defensa del territorio. Lolita Chávez del Consejo de Pueblos de Occidente tomo la palabra informando que en el país ya se habían realizado 58 consultas comunitarias y que el resultado de estas siempre fue un contundente no a la explotación minera en sus territorios. Estas consultas simbolizan la voluntad popular y el interés de las comunidades indígenas por profundizar las instituciones democráticas del estado(17).

Luego la Corte de Constitucionalidad tenía tres días para discernir si el Amparo pasa de provisional a definitivo o si se revoca dicho Amparo y el reglamento establecido por el gobierno ve la luz. En realidad la Corte tomó más de cuatro meses para avanzar el procedimiento y dar una resolución(18).

La Corte de Constitucionalidad emite sentencia definitiva a favor de los pueblos indígenas

El 01 de diciembre de 2011 la Corte de Constitucionalidad emitió la sentencia definitiva a favor del CPO, debido a que el procedimiento desarrollado por el gobierno de la Republica no ha sido suficientemente amplio ni apropiado porque no cumplió con darle la participación activa y con consultar a los pueblos indígenas. La sentencia anuló la iniciativa del reglamento. Exhorta al Congreso para que legisle sobre la forma en la que se deben desarrollar estos procedimientos: quién debe ser el órgano convocante, cual debe ser la forma en la que se debe llevar a cabo y cual será el efecto que tendrán. La sentencia emitido por la Corte de Constitucionalidad es una de las sentencias más relevantes en la historia del país de Guatemala(19).

En la sentencia la Corte de Constitucionalidad establece algunos parámetros para viabilizar el derecho de la consulta. Establece, por ejemplo, que en todo proceso de consulta los pueblos indígenas deben participar a través de sus autoridades o instituciones representativas y legítimas(20). Udiel Miranda explica como se incluye los pueblos indígenas en la mesa de discusión: “Los representantes deben ser autoridades respetadas y reconocidas por los pueblos indígenas. Ejemplo de esas autoridades son alcaldes comunitarios, que representan siempre una comunidad, las alcaldías indígenas y el Consejo de Autoridades Ancestrales, el Consejo de Ancianos. Al final no es el gobierno que define quiénes van a ser los representantes, sino son los pueblos indígenas que deciden(21).”

“el desafío más grande para los pueblos indígenas en Guatemala es encontrarnos y penar como pueblo. Se dice esto en los discursos pero en la práctica está muy lejos. Aún falta la cohesión interna entre los pueblos indígenas. Se debe establecer una instancia política organizativa que represente legítimamente a los pueblos indígenas, o por lo menos las comunidades lingüísticas. Un ejemplo: el pueblo Mam, que tiene dos millones de habitantes, en este momento aún no tiene una figura política, organizativa y representativa(22).”

Las consultas comunitarias, permite el consenso comunitario sobre su territorio.

“En varias comunidades indígenas muchas de las prácticas organizativas y de toma de decisiones se mantienen. Las consultas comunitarias forman parte de todo este sistema de organización y resolución de conflictos al nivel de las comunidades. Por eso las consultas no son nuevas y no se inventaron ahora con la venida de las empresas transnacionales. Es algo que se hace a diario, a distintos niveles en las comunidades (comunitario, municipal, etc.). Esta tradición facilitó aplicar estos procedimientos para manifestar su rechazo a la actitud histórica de exclusión y marginalización de parte del Estado hacia los pueblos indígenas(23),”.

Inconstitucionalidad de la ley de Minería.

El 12 de marzo de 2012, abogados del Consejo de Pueblos de Occidente, hizo entrega formal en la Corte de Constitucionalidad de Guatemala el memorial que demuestra la inconstitucionalidad total de la ley de minería que existe desde hace 15 años, puesto que el derecho colectivo fundamental de la consulta previa, no fue respetado ni garantizado en ningún momento por el Congreso de la República de Guatemala.

El objetivo de esta acción legal por parte de los pueblos indígenas en Guatemala es expulsar del ordenamiento jurídico la Ley de minería por violar el el derecho de consulta previa libre e informada a los pueblos en sus territorios deacuerdo a sus formas culturales, todo esto regulado en el artículo 6, numeral 1, literal a), del Convenio 169, de la Organización Internacional del Trabajo ―OIT―, sobre Pueblos indígenas, y los preceptos contenidos en los artículos 44, 46, 66 y 149 de la Constitución Política de la República de Guatemala.

Esta sería la segunda acción legal presentada por los pueblos indígenas en Guatemala, la primera un amparo presentado a la Corte de Constitucionalidad en contra del Reglamento de Consultas el cual fue dictaminado a favor de los pueblos en Guatemala y la segunda la acción de inconstitucionalidad total en contra de la Ley de Minería de la cual aun se espera la resolución de la Corte.


(1) Broederlijk Delen (Enero 2012), ‘Grondstoffen in Guatemala’,
http://www.broederlijkdelen.be/component
/content/article/8460.

(2) Lyuba Zarsky y Leonardo Stanley (Agosto 2011) Buscando oro en el altiplano de Guatemala: Beneficios económicos y riesgos ambientales de la Mina Marlín, Instituto de Desarrollo Global y Medio Ambiente, p. 23.

(3) Broederlijk Delen (Enero 2012), ‘Grondstoffen in Guatemala’, http://www.broederlijkdelen.be/component/content/article/8460.

(4) Lyuba Zarsky y Leonardo Stanley (Agosto 2011) Buscando oro en el altiplano de Guatemala: Beneficios económicos y riesgos ambientales de la Mina Marlín, Instituto de Desarrollo Global y Medio Ambiente.

(5) International Trade Union Confederation, ‘El Derecho de Consulta de los Pueblos Indígenas en Guatemala: La Ruptura entre el Discurso y la Práctica’, http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/Informe_PCGIG.pdf.

(6) Ministerio de Trabajo y Previsión Social (2011), ‘Reglamento para el Proceso de Consulta del Convenio 169 de la OIT Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes’, http://www.politicaspublicas.net/panel/attachments
/article/732/2011-guatemala-proyecto-reglamento-consulta.pdf.

(7) Ministerio de Trabajo y Previsión Social (2011), ‘Reglamento para el Proceso de Consulta del Convenio 169 de la OIT Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes’, http://www.politicaspublicas.net/panel/attachments/
article/732/2011-guatemala-proyecto-reglamento-consulta.pdf.

(8) Ministerio de Trabajo y Previsión Social (2011), ‘Reglamento para el Proceso de Consulta del Convenio 169 de la OIT Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes’, http://www.politicaspublicas.net/panel/attachments
/article/732/2011-guatemala-proyecto-reglamento-consulta.pdf.

(9) Entrevista con Udiel Miranda, 01/02/2012.

(10) Loarca, ‘El Estado de Derecho de Álvaro Colom vs. Consultas de Buena Fe’ (30 de marzo de 2011), Enfoque, Año 2, No. 15, p. 7.

(11) Velásquez Nimatuj, ‘Reglamento Consulta C169 no explica las causas que enfrenta el estado’ (2011), http://www.elperiodico.com.gt/es/20110228/opinion/191590.

(12) Entrevista con Udiel Miranda, 01/02/2012.

(13) COPAE (Diciembre 2011), ‘Corte de Constitucionalidad Emite Sentencia a Favor de los Pueblos Indígenas en Guatemala’, http://copaeguatemala.org/1.html.

(14) Entrevista con Udiel Miranda, 01/02/2012.

(15) Entrevista con Udiel Miranda, 01/02/2012.

(16) CPO (Julio 2011), ‘Vista Pública del Amparo en Contra del Reglamento de la Consulta’, http://consejodepueblosdeoccidente.blogspot.com
/2011/08/vista-publica-del-amparo-en-contra-del.html.

(17) CPO (Julio 2011), ‘Vista Pública del Amparo en Contra del Reglamento de la Consulta’, http://consejodepueblosdeoccidente.blogspot.com
/2011/08/vista-publica-del-amparo-en-contra-del.html.

(18) CPO (Julio 2011), ‘Vista Pública del Amparo en Contra del Reglamento de la Consulta’, http://consejodepueblosdeoccidente.blogspot.com
/2011/08/vista-publica-del-amparo-en-contra-del.html.

(19) COPAE (Diciembre 2011), ‘Corte de Constitucionalidad Emite Sentencia a Favor de los Pueblos Indígenas en Guatemala’, http://copaeguatemala.org/1.html.

(20) Expediente no. 1072-2011, de fecha 24.11.2011

(21) Entrevista con Udiel Miranda, 01/02/2012.

(22) Entrevista con Udiel Miranda, 01/02/2012.

(23) Entrevista con Udiel Miranda, 01/02/2012.

Bibliografía

Broederlijk Delen (Enero 2012), ‘Grondstoffen in Guatemala’,
http://www.broederlijkdelen.be/component/content/article/8460

COPAE (Diciembre 2011), ‘Corte de Constitucionalidad Emite Sentencia a Favor de los Pueblos Indígenas en Guatemala’, http://copaeguatemala.org/1.html.

CPO (Julio 2011), ‘Vista Pública del Amparo en Contra del Amparo en Contra del Reglamento de la Consulta’, http://consejodepueblosdeoccidente.blogspot.com
/2011/08/vista-publica-del-amparo-en-contra-del.html.

Entrevista con Udiel Miranda, 01/02/2012.

International Trade Union Confederation, ‘El Derecho de Consulta de los Pueblos Indígenas en Guatemala: La Ruptura entre el Discurso y la Práctica’, http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/Informe_PCGIG.pdf.

Loarca, ‘El Estado de Derecho de Álvaro Colom vs. Consultas de Buena Fe’ (30 de marzo de 2011), Enfoque, Año 2, No. 15.

Lyuba Zarsky y Leonardo Stanley (Agosto 2011) Buscando oro en el altiplano de Guatemala: Beneficios económicos y riesgos ambientales de la Mina Marlín, Instituto de Desarrollo Global y Medio Ambiente.

Mines and Communities (2005), ‘The People of Sipacapa Reject Mining Activities in Their Territory’, http://www.minesandcommunities.org/article.php?a=1066.

Ministerio de Trabajo y Previsión Social (2011), ‘Reglamento para el Proceso de Consulta del Convenio 169 de la OIT Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes’, http://www.politicaspublicas.net/panel/attachments/
article/732/2011-guatemala-proyecto-reglamento-consulta.pdf.

Velásquez Nimatuj, ‘Reglamento Consulta C169 no explica las causas que enfrenta el estado’, http://www.elperiodico.com.gt/es/20110228/opinion/191590.

Waqib’ Kej, ‘Gobierno quiere reglamentar de consultas e indígenas lo rechazan’, http://www.noalamina.org/mineria-latinoamerica/
mineria-guatemala/gobierno-quiere-reglamentar-de-
consultas-e-indigenas-lo-rechazan.

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