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Costa Rica merece un Ministro menos reciclado
04.08.2011

257154_2078663362143_1111779737_2546138_7815908_o.jpgTratar de maquillar a René Castro- vía decreto- no es suficiente

 Por Oilwatch Costa Rica.La firma de la moratoria el pasado lunes fue un acto mediático que trató de generar algún apoyo al reciclaje de René Castro de la Cancillería al MINAET.  Parece una simple declaración política para “comprar” apoyo al ministro, sin afectar las intenciones de firmar el contrato con la compañía Mallon Oil para una exploración por seis años.

 Incertidumbre más que certezas. El decreto es ambiguo pues no incluye el insistido gas ni la exploración que solicita actualmente Mallon Oil. ¿Será que el decreto afecta la licitación de Mallon Oil y archiva el expediente de SETENA? Parece que corrieron con el anuncio para intentar dejar bien parado al ministro pero olvidaron algunos detalles centrales o simplemente buscaban que Castro pudiera entrar al Ministerio sitiado por la policía, manifestantes y una opinión pública generalizada en contra.

 

El decreto es un engaño y una cortina de humo pues deja la puerta abierta para continuar el trámite de aprobación del Estudio de Impacto Ambiental, actualmente en análisis en SETENA, mismo que es una EIA para la fase de exploración. Esto posibilitaría la firma del contrato que otorga derechos adquiridos a la empresa Mallon. En ese sentido habría que esperar a la interpretación de SETENA y MINAET sobre el caso concreto de Mallon pues hay suficientes elementos para interpretar ambiguamente el decreto. Si no archiva el proceso de Evaluación Ambiental  de Mallon solo tendremos una declaración política inconsecuente como fue con el caso de minería y el decreto vacío de Laura el primer día de su gestión.

 Queremos la prohibición por ley. La moratoria es un tránsito para prohibir por ley la actividad petrolera logrando convertir  a nuestro país en el primer país en el mundo libre de industrias extractivas (minería y petróleo). Esto quedaría plasmado con la aprobación de la ley que corre actualmente bajo el expediente 17.746 para declarar a Costa Rica como país libre de exploración y explotación petrolera y por supuesto cerrar la puerta a Mallon,  no firmando el contrato y rescindiendo la licitación. Para cumplir con esta reivindicación de gran parte de la sociedad costarricense el gobierno debió poner en agenda y solicitar la votación de ese proyecto de ley si tanta ganas tenía de aprobar una prohibición de la actividad petrolera. La mayor prueba de que el decreto busca calmar los ánimos y la movilización social es que el proyecto de ley no fue convocado por el Ejecutivo y será hasta setiembre que los partidos de oposición la podrán hacer avanzar en el dictamen en Comision de Ambiente  de la Asamblea Legislativa.

 Acuerdo con China sigue vigente. En octubre del 2007, el pasado gobierno firmó un acuerdo con la compañía estatal china CNPC (China Nacional Petroleum Corporation) para construir una mega refinería. Este acuerdo incluye la posibilidad la exploración con Petrochina en el futuro. Ese interés fue reafirmado en noviembre 2008 y cuando  el embajador de China, Wang Xiaoyuan aseguró que “siempre está la posibilidad de cooperar en este campo”. Las pretensiones de buscar petróleo no se han concretado aún porque hay expectativa de lo que ocurrirá con un proceso judicial entre la empresa estadounidense Harken y el Estado, por la rescisión del contrato durante el gobierno de Pacheco y la situación de Mallon oil. Podemos estar asistiendo al desplazamiento explícito de las compañías estadounidenses (Harken y Mallon Oil) para darle la bienvenida al naciente imperialismo Chino que se está expandiendo rápidamente por la región en el tema energético.

 Juicio pendiente caso Harken. Al no tener ningún sustento jurídico la demanda en tribunales internacionales,  la empresa optó en 2005 por una demanda al Estado en el ámbito contencioso administrativo (como lo estipulaba la licitación y el contrato firmados). Con este juicio Harken busca la nulidad absoluta de la resolución del Gobierno en la cual se declara la caducidad del contrato. Además exige que se condene al Estado costarricense al pago de los daños y perjuicios ocasionados. En este caso es importante garantizar la participación de los grupos anti petroleros en al defensa del patrimonio de nuestro territorio.

Posible demanda  de Mallon Oil. Por los antecedentes de las amenazas de demandar mediante el CAFTA la compañía utilizará nuevamente esta estrategia. Es importante indicar que por esta vía sólo tiene un arma de presión que no tiene sustento jurídico y sería causa para  rescindir la licitación pues se estaría incumpliendo la cláusula 1.9 del cartel de licitación que asegura que las diferencias del contado de concesión es resuelven con la legislación y ámbito nacional.

El Ministro de la Impunidad

 Ahora lo que se quiere desviar de la atención pública es el  legado del Ministro Castro durante la administración Figueres Olsen (1994-1998). Fue durante su administración y con su silencio que se instauró la impunidad en el caso de nuestros compañeros  muertos en el incendio, en 1994,  Óscar Fallas, Jaime Bustamante y María del Mar Cordero, dirigentes de la Asociación Ecologista Costarricense que habían participado en una larga campaña contra la instalación de un puerto astillero por parte de la trasnacional papelera Ston Forestal. Meses después muere David Maradiaga, tras una misteriosa desaparición de tres semanas. ¿Que hizo el Ministro? Firmar un convenio de cooperación (1995) con la Ston Forestal  por su  importante ejemplo del "proceso de desarrollo sostenible" y "en virtud de los beneficios numerarios que la actividad de Ston en la zona sur de nuestro país tiene para nuestra economía global y para el prestigio de nuestro Estado" y además  los premió con una declaración "conveniencia nacional las actividades forestales que desarrolla la firma Ston Forestal S.A. en la Región Brunca". Para rematar su gratitud Castro impulsó una ley forestal a su medida.

Pero hubo más incendios y ataques contra ecologistas en su gestión como en el Parque Marino Ballena en Uvita de Osa se produjeron cuatro ataques contra grupos ecologistas. Por ejemplo, en 1995 quemaron la casa de los guardaparques (La Nacion 1-15-2006). En Abril de 1995  hubo un incendio simultáneo, de las viviendas de los Geólogo Wilfredo Rojas y la trabajadora social Elizabeth González, profesionales integrados a la Campana Contra de instalación del Relleno Sanitario en Cordel de Mora. Bajo la gestión de Castro estos casos gozaron de impunidad, dejando clara la indiferencia ante amenazas y ataques a quienes se dedican a la defensa ambiental.

Ley Orgánica del Ambiente sin Órganos. Se mostró opuesto a la Ley Orgánica del Ambiente y para boicotearla nunca cumplió con la obligación de reglamentarla, lo cual explica el alto grado de conflicto e impunidad ambiental, al no servir la ley. Es así que en vez de crear una contraloría ambiental como demandaba la ley creó una simple oficina de contralor ambiental que poco o nada ha podido hacer. También se debe mencionar la pésima instalación que hizo de la SETENA con funcionarios cuestionados a lo interno del MIRENEM que no sabían dónde meter sentando las bases de toda la corrupción e impunidad con que funciona este órgano al ser instaurada la práctica de mandar los peores funcionarios a este ente (El San Lucas del MINAET).

Privatización y doble discurso. Con la instalación del SINAC,  se produjo la primera privatización de la administración de los recursos naturales con el modelo de la regencia forestal. Esto implicó mandar a la calle a forestales cuestionados y les generó empleo con la complicidad del SINAC que dejó de hacer el Trabajo de campo forestal. Muchas de las irregularidades de este negocio quedaron al descubierto por una investigación sobre los planes de manejo en Osa por parte de la Fundacion CECROPIA, 1999.

“Desarrollo Sostenible bienestar para todos”... Este es un discurso inconsecuente que tiene a nuestro ex presidente Figueres de congreso en congreso  y que no es más que una forma de privatizar y hacer negocios con el  ambiente. En su administración se dio paso a la mercantilización de los recursos naturales mediante la aprobación del pago de servicios ambientales, beneficiando mayoritariamente a las trasnacionales como Ston y al sector maderero.

 Minería: La Mina Beta Vargas en Chomes de Puntarenas (de la transnacional canadiense Lyon Lake Mines) operó de manera ilegal (sin patente municipal) entre 1997 y 1998. Cesó sus actividades repentinamente y abandonaron el proyecto sin el pago de indemnizado al Estado y sin una restauración del lugar. En 1995 las solicitudes de explotación minera llegaron a cubrir más del 25% del territorio nacional, mientras los permisos de explotación, solicitudes descongelación, concesiones de explotación cubrieron unos 850Km2 lo que equivale a casi el 2% del territorio. Fue la baja en los precios y la resistencia de comunidades y organizaciones ambientales, lo que evitó que se consolidara esta actividad.

 Favoreciendo a las petroleras. Fue durante su administración que se publicó el Reglamento del Sistema de Licitación para la Celebración De Contratos (decreto 25785-MINAE) y el Cartel de Licitación de exploración y explotación petrolera en febrero de 1997. Es en junio de 1997 que viaja el Presidente Figueres a Tejas a ofrecer el país y explicar las condiciones de la licitación. Pero las compañías se mostraron dudosas en explorar Costa Rica, y recomendaron el ofrecimiento de más incentivos para sus industrias y la ampliación del plazo del cartel de licitación. Parece que algo que inquieto a los petroleros fueron las regulaciones ambientales, mismas que fueron suavizadas mediante el decreto 26750-Minaet en febrero de 1998, el cual  deroga el Título X del "Reglamento a la Ley de Hidrocarburos Decreto Ejecutivo ", que regulaba la realización de Estudios de Impacto Ambiental (EIA), previos para la firma de un convenio de exploración y explotación de hidrocarburos. Esta ayudita fue la que facilitó que el siguiente gobierno adjudicara la licitación por 26 años a MKJ Xplorations (quien luego le vendió la concesión a Harken).  Este contrato no hubiera podido firmarse antes del polémico decreto.

 Privatización del sector eléctrico. En su administración se aprobaron la reforma a al Ley de Generación Privada 7200, mediante la aprobación de la ley 7508 que amplía la participación privada de electricidad. Sin duda estas reformas son el fundamento del polémico Combo Eléctrico que quiso terminar la administración de Miguel Angel Rodriguez con la herencia de Castro y Figueres. Las  medidas más lesivas contra el ICE, los ríos y las comunidades fueron tomadas durante su gestión. (Ver más del impacto de estas leyes en http://www.oilwatchmesoamerica.org/doc/modelo%20energ%82tico%20.pdf y http://www.oilwatchmesoamerica.org/doc/Resoluci%C3%B3n%20n19-2005%20MINAE.pdf).

Esto hace prever que  una las principales acciones de la verdadera agenda de Castro en el MINAET es terminar la privatización del sector energético nacional para beneficiar al mismo grupo  que lo ha sostenido en el poder por años.

 

Éste es tal solo un breve Curriculum del actual jerarca de MINAET en materia ambiental. Suficiente para hacer que se le corra el maquillaje verde que intentó ponerse en su primer día de gestión. Más que un ministro reciclado es claramente un político desechable que igual se pone cualquier camiseta para seguir entregando a pedacitos el país.

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